El Estado de Derecho equivale a respeto a la ley y a la independencia de poderes
Publicado por Ramiol el 9/9/2007 (535 lecturas)
"El Estado de Derecho implica el respeto a la ley, el principio de que todos somos iguales ante la ésta y el respeto a la independencia de poderes", indicó Miguel Jugo, director de APRODEH, a propósito de las airadas reacciones que entre algunas autoridades políticas ha provocado la orden de detención preliminar contra doce oficiales del Ejército, presuntamente involucrados en la ejecución extrajudicial de 8 de los 14 miembros del MRTA que murieron durante la operación de rescate de los rehenes en la casa del embajador de Japón.
La medida dispuesta por la jueza Cecilia Pollack -a pedido del fiscal Richard Saavedra- se apoya en la ley 27378, promulgada durante el Gobierno de Transición que presidiera el doctor Valentín Paniagua. El artículo primero de la misma faculta al juez a disponer la detención preventiva, hasta por 15 días, de aquellos servidores del Estado que estén presuntamente involucrados en la comisión de delitos perpetrados en pluralidad y con empleo de recursos del Estado.
"Esta medida se acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar razonablemente que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley, que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria", señala el mencionado dispositivo legal.
La petición fiscal, acogida por la jueza, se sustenta en abundante evidencia que probaría que se produjeron ejecuciones extrajudiciales inmediatamente culminado el operativo militar realizado el 22 de abril de 1997, denominado Chavín de Huántar, para rescatar a los rehenes de la casa del embajador de Japón.
En cuanto al pedido de amnistía para los militares que estuviesen involucrados en violaciones a los derechos humanos como consecuencia del operativo Chavín de Huántar, presentado por los congresistas José Barba Caballero y Rafael Rey Rey, el directivo de APRODEH señaló que "ampararía la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad".
Jugo recordó que esa iniciativa atenta contra el Pacto de San José, del que es parte el Perú, y contra disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en los casos Barrios Altos y La Cantuta estableció que no cabe la amnistía para quienes cometen ejecuciones extrajudiciales.
El director de APRODEH advirtió que si el Congreso aprueba la amnistía, estaría repitiendo la historia.
"Si el Congreso otorga la amnistía, el Perú será otra vez llevado al banquillo de los acusados de la CIDH, será condenado por ésta y obligado a reabrir la investigación, con el consiguiente daño a la imagen internacional del país", concluyó.
Lima, 15 de mayo del 2002
Área de Comunicaciones
APRODEH
prensa@aprodeh.org.pe
Más información:
Miguel Jugo
Director Ejecutivo de APRODEH
9664821, 4247057
Área de Comunicaciones
4247057
La medida dispuesta por la jueza Cecilia Pollack -a pedido del fiscal Richard Saavedra- se apoya en la ley 27378, promulgada durante el Gobierno de Transición que presidiera el doctor Valentín Paniagua. El artículo primero de la misma faculta al juez a disponer la detención preventiva, hasta por 15 días, de aquellos servidores del Estado que estén presuntamente involucrados en la comisión de delitos perpetrados en pluralidad y con empleo de recursos del Estado.
"Esta medida se acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar razonablemente que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley, que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria", señala el mencionado dispositivo legal.
La petición fiscal, acogida por la jueza, se sustenta en abundante evidencia que probaría que se produjeron ejecuciones extrajudiciales inmediatamente culminado el operativo militar realizado el 22 de abril de 1997, denominado Chavín de Huántar, para rescatar a los rehenes de la casa del embajador de Japón.
En cuanto al pedido de amnistía para los militares que estuviesen involucrados en violaciones a los derechos humanos como consecuencia del operativo Chavín de Huántar, presentado por los congresistas José Barba Caballero y Rafael Rey Rey, el directivo de APRODEH señaló que "ampararía la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad".
Jugo recordó que esa iniciativa atenta contra el Pacto de San José, del que es parte el Perú, y contra disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en los casos Barrios Altos y La Cantuta estableció que no cabe la amnistía para quienes cometen ejecuciones extrajudiciales.
El director de APRODEH advirtió que si el Congreso aprueba la amnistía, estaría repitiendo la historia.
"Si el Congreso otorga la amnistía, el Perú será otra vez llevado al banquillo de los acusados de la CIDH, será condenado por ésta y obligado a reabrir la investigación, con el consiguiente daño a la imagen internacional del país", concluyó.
Lima, 15 de mayo del 2002
Área de Comunicaciones
APRODEH
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